Eurodiputados bloquearán acuerdo de pesca si no hay pruebas de que beneficia a población saharaui

BRUSELAS, 23 Feb. (EUROPA PRESS) –

Varios eurodiputados de la comisión de Pesca del Parlamento Europeo amenazaron hoy con bloquear la renovación del acuerdo de pesca UE-Marruecos que expira en 2011 si las autoridades marroquíes y el Ejecutivo comunitario no aportan «pruebas» de que este convenio aporta beneficios a la población del Sáhara occidental, un extremo que los servicios jurídicos de la Eurocámara «no ven con claridad».

Los eurodiputados escucharon este martes a un representante de los servicios jurídicos del Parlamento Europeo que consideró «muy difícil evaluar» si el acuerdo de pesca firmado en 2007 «beneficia» a la población local. Admitió que la situación es «confusa» y que su departamento «no tiene la información adecuada» para valorarlo.

Los servicios jurídicos dejaron claro que el problema de la autodeterminación del Sáhara occidental es una cuestión que debe tratarse en Naciones Unidas y no en una comisión de pesca europarlamentaria. No obstante, explicaron que Marruecos es la autoridad reconocida para gestionar la explotación de los recursos pesqueros del Sáhara occidental pero «siempre y cuando beneficie a la población local».

En opinión de sus servicios jurídicos, la Eurocámara tiene «tres posibles soluciones» que incluye la de aplicar el acuerdo de manera que queden excluidas las aguas saharauis, algo que «jurídicamente es posible, pero desde el punto de vista económico resulta irreal». También se podría «suspender» el actual convenio o bien «dejarlo tal y como está», habida cuenta de que expirará el próximo año, el 28 de febrero de 2011, y estudiar si se renueva o no por otros cuatro años.

A este respecto, los servicios jurídicos consideran esta última opción «la más realista» y recordaron que el acuerdo se renueva automáticamente a no ser que una de las partes notifique por escrito con seis meses de adelanto la finalización del acuerdo. Así, la comisión de pesca de la Eurocámara tiene hasta el próximo 28 de agosto para «reaccionar».

Por su parte, la Comisión Europea defendió en el debate de este martes que «no hay ninguna información» que indique que el acuerdo –que es supervisado por una comisión mixta periódicamente– «no beneficia a la población saharaui» y, por tanto, «es compatible con el derecho internacional».

Ante las primeras críticas de eurodiputados que acusaron a Bruselas de una actitud «arrogante» y «lamentable» y censuraron que no aportara información concluyente sobre el impacto del acuerdo, el representante del Ejecutivo comunitario matizó que pedirá más datos a las autoridades marroquíes en la próxima reunión de la comisión mixta.

También defendió que «sí hay información» de que el desembarco de capturas en territorio saharaui y la actividad de la flota comunitaria –mayoritariamente española en la zona_»generan actividades económicas y empleo» que beneficia a la población saharaui.

EXIGEN INFORME EXHAUSTIVO

Sin embargo, para el eurodiputado de Iniciativa per Catalunya-Verds (ICV), Raúl Romeva, el acuerdo «debería suspenderse si no tenemos la información adecuada» y, «desde el punto de vista jurídico y económico«, la UE no puede actuar «como si nada» ante la falta de garantías.

Si la Comisión considera que no dispone de los datos suficientes, «quizá se deba a que no habla con las personas adecuadas» y debería recurrir a la población saharaui, «no sólo» a las autoridades marroquíes, consideró.

La representante del PNV en la Eurocámara, Izaskun Bilbao, instó al Ejecutivo comunitario a hacer prueba de «transparencia» y a presentar un informe «exhaustivo» sobre la evolución del acuerdo y sus beneficios a la población marroquí y saharaui, para poder así votar su renovación o suspensión en el plazo marcado.

Por su parte, la presidenta de la comisión europarlamentaria de Pesca, Carmen Fraga (PP), pidió al Ejecutivo comunitario una reunión «a puerta cerrada» para aclarar los detalles del acuerdo y consideró que el problema del Sáhara es de «gran envergadura» y debería abordarse en «otras» comisiones, como la de Exteriores.

Además, advirtió que la cooperación que se ofrece a través de este acuerdo debe repercutir en el sector pesquero «y no en la construcción de hospitales», un extremo sobre el que los servicios jurídicos dijeron «no estar seguros» de si sólo puede beneficiar a la pesca.

La socialista alemana Ulrike Rodust aseguró estar «muy dispuesta» a votar por la suspensión del acuerdo si Bruselas no aporta la información que se le exige porque la Eurocámara es «responsable de quienes, como los saharauis, no tienen voz«. En la misma línea se pronunciaron el portugués de Izquierda Unitaria Joao Ferreira, el vicepresidente de la comisión de pesca, el italiano Guido Milano (S&D), o el socialista griego Kriton Arsenis.

Otro vicepresidente de la comisión europarlamentaria, el británico conservador Struan Stevenson, consideró que la cuestión del Sáhara occidental es «política» y no pesquera y aseguró que si la UE no explota estos recursos pesqueros «lo harán otros» países como Rusia o Corea que no ofrecerán garantías.

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Un informe condena la pesca de la UE en el Sáhara

Los servicios legales de la Eurocámara instan a que se respeten los derechos de los saharauis en el acuerdo pesquero con Marruecos

PUBLICO T. DEIROS / D. BASTEIRO – MADRID/ BRUSELAS – 24/02/2010 08:30

Un informe hasta ahora confidencial de los servicios legales del Parlamento Europeo denuncia que el acuerdo de pesca entre Marruecos y la Unión Europea, que incluye las aguas del Sáhara Occidental, viola la legalidad internacional y los derechos del pueblo saharaui. La razón es que no existen «pruebas» de que «la contribución económica de la CE [Comisión Europea] sea utilizada en beneficio de la población del Sáhara Occidental», recalca el documento cuyo texto se filtró ayer, tras más de siete meses en los que se había mantenido en secreto.

El convenio con Marruecos, considerado de gran importancia política pero cuyo peso económico se ha visto muy mermado en relación con el precedente pacto pesquero, prevé licencias en aguas «de soberanía y de jurisdicción» [las saharauis] para 119 barcos comunitarios. Un centenar de ellos son españoles, lo que hace de nuestro país el principal beneficiario del acuerdo.

España disfruta de 100 de las 119 licencias que prevé el pacto
En realidad, Marruecos no posee la condición de potencia administradora, que legalmente corresponde a España por lo que carece de «jurisdicción» alguna sobre las aguas saharauis. A cambio de estos derechos, la UE debe pagar una compensación de 36,1 millones de euros anuales durante los cuatro años de duración de este compromiso pesquero, vigente desde 2007.

El dictamen de los servicios legales -que fue debatido ayer por la Comisión de Pesca de la Eurocámara- denuncia la ilegalidad no ya del convenio pesquero en sí, sino de su «aplicación». La razón es que las leyes internacionales condicionan la explotación de los recursos naturales de los territorios no autónomos un estatuto del que goza la ex colonia española en la ONU a que los beneficios que se obtengan de estas riquezas reviertan en el pueblo colonizado. A tenor de los servicios legales de la Eurocámara, esta condición no se cumple en el Sáhara ocupado por Marruecos desde 1975.

Una solución «amistosa»
El convenio debería beneficiar al pueblo saharaui para ser legal
«Sobre la base de los elementos disponibles actualmente […] y la falta de pruebas en los programas anual y plurianual de que la explotación de los recursos pesqueros en el Sáhara Occidental beneficia realmente al pueblo saharaui, se recomienda encarecidamente que la próxima reunión anual, o una reunión especial de la Comisión Mixta [UE y Marruecos], aborde estas cuestiones con el fin de encontrar una solución amistosa que respete plenamente los derechos del pueblo saharaui de acuerdo a la legalidad internacional», puntualiza el informe.

Si no se llegara a esta solución «amistosa», se «debe prever, o bien la suspensión del acuerdo […], o bien su aplicación de forma que los buques de bandera comunitaria queden excluidos de la explotación de las aguas del Sáhara Occidental», prosigue el texto.

Un experto de este servicio jurídico, que compareció ayer ante la Comisión de Pesca del Parlamento Europeo, propuso una cuarta opción: no renovar el acuerdo, que expira el 28 de febrero de 2011. Si ninguna de las partes lo denuncia por escrito antes del 28 de agosto, seis meses antes de su conclusión, el pacto se prorrogará de forma automática.

Javier García Lachica, del Observatorio de Recursos Naturales del Sáhara Occidental (WSRW en sus siglas en inglés), considera que «cualquiera de las opciones que propone el informe sería adecuada si se respeta la legalidad internacional». Algo que hasta ahora no se ha producido, deplora el portavoz de WSRW, que valora que el documento haya dado un «toque de atención» a la UE. Una organización que «hasta ahora, daba la impresión de reforzar una ocupación ilegal».

Para García Lachica, «lo importante de este acuerdo es la institución que lo firma, que es la UE». El peso de la organización, y el ejemplo que podría dar si se suspendiera la pesca en aguas saharauis, serviría para disuadir a muchas empresas pequeñas ya instaladas en el territorio, que «contribuyen» a lo que WSRW define como un «expolio».

Frente a las denuncias de este observatorio que llevaba desde noviembre pidiendo que se hiciera público el dictamen, y las duras conclusiones del informe jurídico, la presidenta de la Comisión de Pesca de la UE, la eurodiputada conservadora Carmen Fraga, hija del fundador de Alianza Popular y ex ministro franquista, Manuel Fraga, respondió ayer señalando que parte del dinero del acuerdo sí beneficia al sector pesquero local, y citó inversiones en el puerto de El Aaiún. La misma línea defendida por Andrea Fontana, representante de Pesca de la Comisión Europea, que recalcó que no hay pruebas que indiquen que las actividades pesqueras no benefician a los saharauis.

«Ni un puesto de trabajo»
Sin embargo, el informe legal precisa que «no es lo mismo» invertir en infraestructuras que destinar los beneficios de un recurso al pueblo saharaui. Para García Lachica, estos argumentos obvian que «no hay ni un puesto de trabajo vinculado al acuerdo ocupado por un saharaui».

El eurodiputado Raül Romeva (ICV-Verds) el grupo político de la Eurocámara que propició la elaboración del dictamen critica también los argumentos de la Comisión. «¿Cómo van a tener pruebas fiables si su único interlocutor es el Gobierno de Marruecos?», se pregunta. Romeva considera que es imprescindible una «suspensión del acuerdo hasta que se demuestre que revierte en el pueblo saharaui».

Para el portavoz de los Verdes, el fondo de la cuestión remite a la necesidad de que los «acuerdos comerciales estén supeditados al respeto a los derechos humanos», algo que, según él, «se sacrifica por parte de países como España en beneficio de las buenas relaciones bilaterales con Marruecos. El eurodiputado, miembro de la Comisión de Pesca, considera «inexplicable y muy decepcionante» el retraso en el debate de este informe, cuya discusión estaba prevista para el 28 de enero. Cinco días después, la Comisión Mixta UE-Marruecos se reunía en Rabat.

Bucharaya Beyún, delegado del Frente Polisario en España, está satisfecho por el dictamen legal pero no alberga grandes esperanzas de que cambie las cosas. «No creo que la presidencia española vaya a hacer nada, sobre todo si se tiene en cuenta las últimas declaraciones de Moratinos».

El delegado saharaui desconfía también de Carmen Fraga: «Una señora que no ha hecho más que aplazar el debate del informe». El Frente Polisario y WSRW pidieron ayer a la presidencia española una «respuesta» en favor de la población saharaui.

Mientras, la portavoz del PSOE en la Eurocámara, Josefa Andrés, reconocía que «la suspensión del acuerdo supondría un gran revés para las relaciones con Marruecos».

Los acuerdos de pesca: un recurso ligado a la descolonización
1. Intereses económicos

La descolonización de las posesiones españolas en el norte de África y las contrapartidas pesqueras por parte de Marruecos han ido siempre de la mano. Por ejemplo, la retrocesión de Sidi Ifni (sur de Marruecos) en 1969 fue de la mano de la firma de un acuerdo pesquero muy ventajoso para España.

2. Los acuerdos tripartitos

Estos acuerdos por los que España cedió a Marruecos y Mauritania la administración del Sáhara Occidental (sin efecto jurídico pues fueron ilegales y las Naciones Unidas los desautorizaron), incluían un anexo secreto de pesca, por el que Marruecos concedía a España unas enormes contrapartidas pesqueras. El convenio no llegó a aplicarse.

3. Una baza negociadora

La importancia de los caladeros norteafricanos para España propició que Marruecos utilizara la pesca como un instrumento de presión para forzar el apoyo español a su reclamación de soberanía sobre el Sáhara. Entre 1979 y 1981, Rabat vinculó las relaciones pesqueras en el banco canario-sahariano a que España reconociera la marroquinidad de su antigua colonia.

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Saharauis reprochan a la UE que anteponga intereses económicos a los DDHH en el acuerdo de pesca

BRUSELAS, 23 Feb. (EUROPA PRESS) –

El pueblo saharaui «nunca ha sido consultado ni obtiene beneficio alguno» del acuerdo pesquero entre la UE y Marruecos que permite a los buques comunitarios, en su mayoría españoles, faenar en aguas de Sáhara Occidental, según denunciaron hoy en Bruselas la activista saharaui Aicha Dahana y la ONG Western Sahara Resource Watch, que exigieron a las instituciones europeas que no antepongan «intereses económicos» al respeto de los Derechos Humanos.

Tras meses de especulaciones, los servicios jurídicos de la Eurocámara comparecieron este lunes ante la comisión de Pesca del Parlamento Europeo para reconocer públicamente que «no hay pruebas» que indiquen que este acuerdo pesquero «beneficie a la población local» de Sáhara Occidental, a pesar de que así lo exijan las leyes internacionales.

Varios eurodiputados respondieron con la amenaza de bloquear la renovación del acuerdo, que expira en febrero de 2011, si las autoridades marroquíes y el Ejecutivo comunitario no aportan «información» de que este convenio repercuta positivamente en la población de Sáhara Occidental.

Marruecos recibirá un total de 140 millones de euros de las arcas comunitarias por los cuatro años del acuerdo pesquero, pero las autoridades marroquíes deben comprometer parte de esta ayuda al sector pesquero.

Sin embargo, según denunció Dahane, «no hay beneficio, no hay nada» para la población «real» de Sáhara Occidental y aseguró «no conocer a nadie» de este territorio ocupado que trabaje para el sector pesquero, pero sí apuntó que hay «marroquíes que se han trasladado» a la zona para ocupar algún puesto ligado a la actividad pesquera comunitaria.

La activista saharaui recriminó a la UE que suscriba acuerdos pesqueros «sin preguntar a los verdaderos dueños de esos peces» y le acusó de «estar pagando el dinero al poder gubernamental equivocado».

Dahane recordó que de acuerdo a Naciones Unidas el pueblo saharaui no sólo debe beneficiarse, sino que debe ser consultado sobre la explotación de sus propios recursos, algo que la asesoría de la Eurocámara tampoco «ve claro».

Por su parte, la representante de la ONG Western Sahara Resource, Sara Eyckmans, pidió a las instituciones que «no ignoren» la valoración de los servicios jurídicos del Parlamento Europeo y que los buques europeos «cesen de inmediato» su actividad en aguas del mar saharaui hasta que se revisen los términos del acuerdo.

En la comparecencia también participó el eurodiputado portugués Miguel Portas (Izquierda Unitaria), quien recordó que la pesca es un recurso «muy importante y estratégico» para Sáhara Occidental y criticó la «triste política» de la UE que «pretende hacer negocio por encima de un pueblo».

«No es comprensible que un Estado que ha ocupado un territorio pueda beneficiarse económicamente con una compensación de la UE», insistió el eurodiputado, que consideró «incomprensible» esta premisa.

También censuró la actitud de las instituciones por haber «mantenido en secreto» el informe jurídico durante meses por el interés de «algunos estados» de evitar enfrentarse a la «realidad».

Portas emplazó a la opinión pública a «obligar» a la Unión Europea a responder a esta cuestión y anunció una «gran manifestación europea» en apoyo del pueblo saharaui y en contra del acuerdo pesquero y del estatuto avanzado a Marruecos que tendrá lugar en Granada el próximo mes de marzo, en paralelo a la cumbre UE-Marruecos prevista en esa ciudad.