El reportaje original, en papel, del que procede este articulo, se puede visualizar en este enlace: http://www.milisahara.cat/llibres/reportatge/sortidasahara/index.html.
Víctor Farré y Enric Oliva firmaban el 30 de septiembre de 1975 un estudio voluminoso y detallado sobre el coste que había tenido para España la intervención descolonizadora en el Sáhara. 14.591.202.498 pesetas. ¿Por qué la quería, Madrid, esta cuantificación? Quizá por cobrar a los saharauis en caso de que fueran independientes, quizás para vender la colonia a Marruecos. EL TEMPS analiza los originales de este informe.
España quería mercadear con el Sáhara, sacar un rendimiento económico de la descolonización de ese territorio. Al mismo tiempo que los gobernadores españoles en la colonia hacían los últimos retoques a un proceso de preparación para la independencia del pueblo saharaui-que hacía quince años que duraba-, en 1975 dos jóvenes soldados catalanes del último contingente de tropas destinadas en el Sáhara recibían un encargo: valorar las inversiones y las propiedades del estado español a la colonia desde principios de los 60. En resumen, tenían que poner precio al Sáhara. Víctor Farré y Enric Oliva, de 23 y 25 años respectivamente, y recién licenciados en ciencias económicas, pasaban de lavar platos, pelar patatas y hacer tareas de soldado raso a dirigir una comisión de estudios especiales. Cómodamente instalados en una residencia de funcionarios, dejaron el uniforme de militar y disponer de un pase que les permitía obtener toda la información que les fuera necesario sobre el territorio y campar a ellos sin restricciones.
«Recuerdo que lo primero que nos dijeron es que cumpliriamos unas funciones que no podíamos contar a nadie, y que en ningún caso dijéramos que éramos militares. Nuestro encargo era valorar económicamente una hipotética descolonización en términos de traspaso de poderes a un gobierno autónomo sahariano. Se trataba de saber cuánto valía aquel territorio, y después ya se decidiría si se regalaba, se pagaba a plazos o se canjearán por algo. Sea como fuere, era un estudio que había que hacer para sentarse en una mesa de negociación, bien con el Sáhara, bien con Marruecos. Este informe sería la única valoración que tendría el gobierno español sobre la colonia. El reto era brutal «, explica Victor Farré.
Los encargaron el estudio en abril de 1975 y tuvieron listo el 30 de septiembre de ese mismo año. La cifra total: 14.591.202.498 pesetas, que hoy, 35 años después, tendrían un valor de 14,2 billones de pesetas, es decir, 85.370 millones de euros (teniendo en cuenta la tasa de actualización al 973,5% , según el Instituto Nacional de Estadística). Durante este período, el estado se jactaba ante la comunidad internacional de trabajar para convertir la colonia española en un estado independiente. Y los cargos militares del Gobierno General del Sahara creían de corazón en el proyecto, pero desde Madrid, el Ministerio de la Presidencia, encabezado por Antonio Carro, tenía otro guión sobre la mesa. Venderla oficialmente, ceder la administración de la colonia española en Marruecos.
El día de la venta. Dicho y tal hecho. El 14 de noviembre de 1975, seis días antes de la muerte de Franco, se firmaban los acuerdos de Madrid. Sobre el papel, se trataba de una declaración de principios entre el estado español, Marruecos y Mauritania respecto al Sáhara Occidental. España transfería la administración de la colonia, pero no la soberanía, a Marruecos ya Mauritania. De estos acuerdos sólo se hizo pública una imprecisa declaración: «España se propone poner fin definitivamente a su presencia en el Sáhara, a más tardar, el 28 de febrero de 1976. En el intervalo, se propone transferir sus poderes y responsabilidades a una administración temporal que se constituirá para la adscripción de los gobernadores adjuntos-marroquí y mauritano-actual gobernador general. Colaborará la Yemaa, que expresará la opinión de la población. «
La ley de descolonización del Sáhara fue aprobada por las Cortes españolas el 16 de noviembre y, a finales de enero de 1976, los últimos militares españoles abandonaban la colonia. Tres años más tarde, en agosto de 1979, Mauritania se iba de la parte sur y dejaba todo el territorio en poder de Marruecos.
Los anexos del pacto. Tal y como consta en el acta de las conversaciones entre las delegaciones del Reino de Marruecos, la República Islámica de Mauritania y España a propósito de los aspectos económicos derivados de la transferencia de la administración del Sáhara, la única cuantificación que podría considerarse indemnización hacía referencia a la pesca. Acordaba que, durante veinte años, 800 barcos españoles podrían faenar en aguas del Sáhara pagando un canon modesto a partir del quinto año y, además, España podría mantener el control del 60% del negocio de los fosfatos, que entre Marruecos y el Sáhara sumaban casi el 100% de la producción mundial. En segundo lugar, se crearía una comisión mixta para inventariar la lista de bienes públicos españoles que serían transferidos como parte integrante del territorio, y la de aquellos bienes que pudieran ser objeto de transferencia mediante el pago de una indemnización. Estos acuerdos, sin embargo, nunca fueron respetados por Marruecos, y el estado español nunca hizo un casus belli.
Nunca se hacía referencia a un precio de venta, pero los acuerdos de Madrid constan unos anexos secretos donde, quizás, aparecía el informe de los dos soldados catalanes. Si Marruecos pagó o no las 14.591.202.498 pesetas posiblemente no se sabrá nunca a ciencia cierta-el gobernador general del Sahara, Gómez de Salazar, y el secretario general, Rodríguez de Viguri, ambos muy disgustados con la entrega de la colonia a los marroquíes , son muertos-, pero tanto Víctor Farré como Enric Oliva, que lo rememora la entrevista que publicamos en las páginas 28 y 29 y que ya lo adelantó al semanario del Empordà Hora Nova, Recibieron la medalla del Mérito en África para su estudio económico.
Y, aún más, la tarde que se firmaron los acuerdos de Madrid, ambos soldados fueron llamados al despacho de los máximos mandatarios del gobierno general del Sáhara. Allí, Gómez de Salazar y Rodríguez de Viguri les informaban que el proceso de independencia había fracasado, pero que, al menos, les quedara el consuelo que el traspaso se había hecho exactamente por el precio que los jóvenes catalanes habían calculado.
El documento, de un centenar de páginas, desgrana minuciosamente todo tipo de propiedades, desde edificios hasta material fungible de oficinas, pasando por inversiones en agricultura, carreteras hechas o material de señalización marítima. Algunas dificultades de acceso a la información, sobre todo en cuanto a edificios y las extensiones de terreno, hicieron que los economistas noveles advirtieran de un margen de error en el cálculo aproximado del 3%.
En el texto introductorio los autores remarcan que en todo momento han utilizado «informes directos de todos los servicios de este gobierno, especialmente los de Arquitectura, Registro de la Propiedad, sección de Patrimonio y Hacienda y el Instituto Nacional de la Vivienda», además de «informaciones recogidas in situ por esta Comisión Especial «. A modo de ejemplo, el valor de los inmuebles propiedad del gobierno español a la colonia a los treinta núcleos de población existentes ascendía a 3,360,243,768 pesetas.
En el capítulo de obras públicas se inventarían las obras a precio de coste y se actualizan los valores aplicando un coeficiente combinado de depreciación y revalorización. Según los cálculos, la cifra invertida alcanza 8462623073 pesetas, es decir, más del 50% del total contabilizado estudio. En este ámbito, el trabajo fue un poco más sencilla, porque disponían de una estadística completa del kilometraje construido y el precio por kilómetro actualizado. Como el coste en la construcción de carreteras era muy alto, Farré y Oliva consideraron oportuno hacer una aclaración que, de paso, ponía de manifiesto la voluntad descolonizadora del gobierno del Sahara: «Este valor es tan elevado porque en la construcción de pistas se utiliza preferentemente mano de obra, en detrimento de métodos de construcción más eficaces y no tan costosos. Este hecho obedece a la política de lucha contra el desempleo, que ha sido una de las preocupaciones constantes del Gobierno en este territorio. «En este apartado se llegaron a contabilizar hasta las cloacas-en 1965 se habían invertido tres millones de pesetas en el sistema de alcantarillado-, las tuberías de agua y el alumbrado.
En arquitectura, el informe cuantifica el valor de hospitales, dispensarios, políticas sanitarias contra el cólera, polideportivos, piscinas, casinos, viviendas y también mezquitas, iglesias, mercados y mataderos, entre más. El valor de los edificios religiosos, mataderos, cementerios y mercados, por ejemplo, ascendía a 57 millones de pesetas, mientras que el gasto en hospitales y atención sanitaria era de 61 millones. La mayor partida se había destinado a la construcción de viviendas id’urbanitzacions: 215 millones a precio de coste.
Incluso en el capítulo de agricultura, Farré y Oliva cuantificar el coste de la ganadería que también pertenecía al gobierno español. Los animales habían costado 2,2 millones, y en terrenos, cultivos y edificios y explotaciones ganaderas se habían invertido 105.280.000 pesetas. El estudio también calcula el valor del parador de turismo del Sáhara, 218.928.986 pesetas.
Dos modelos de evacuación. En el apartado que cuantifica bienes muebles, los autores ya hacen referencia evacuación del territorio y exponen dos supuestos: «En el supuesto 1 evacua todo el material, y en este caso se facilita peso, volumen y zona de embarque del material. En el supuesto 2 evacuan sólo algunos bienes que por sus características son especialmente rentables y siempre que evacuarlos no implique una grave distorsión en el funcionamiento de los servicios. En este caso se valora el material que se quedará en el territorio. «En la relación de bienes muebles por servicios aparecen, por ejemplo, Radio Sáhara, valorada en 25 millones de pesetas, la delegación de ciegos, con unos bienes que se valoraron en 49.048 pesetas, dos cámaras Polaroid Mini Portrait M 40, por un importe de 75.000 pesetas, o un videocassete Philips, valorado en 65.000 pesetas. En el supuesto de que sólo tuvieran que evacuar a los materiales más costosos y que se dejaran en el territorio los imprescindibles para el normal funcionamiento de los servicios o los de escaso valor, los bienes transportados abandonados en el Sáhara sumarían 94.855.405 pesetas.
Cerrado por evacuación. Habiendo terminado el trabajo de poner precio a la colonia española, los dos economistas catalanes recibieron un segundo encargo: calcular las indemnizaciones a que tendrían derecho los propietarios de negocios cuando tuvieran que abandonar el territorio. El documento es firmado el día 15 de noviembre de 1975, justo el día siguiente que se firmaron los acuerdos de Madrid.
Pero, lógicamente, el trabajo de campo y los cálculos se habían empezado mucho antes. Farré y Oliva explican que enviaron cuestionarios a las empresas, desde las más grandes hasta pequeñas tiendas. Solicitaban información sobre partidas del balance, como los recursos propios, el volumen de ventas y los beneficios, además de las inversiones realizadas en el negocio los últimos años. La información se complementó con los datos que poseía Hacienda.
En la introducción del estudio se deja claro que los economistas ya huelen que el Sáhara acabará en manos marroquíes. «El objeto de este estudio es determinar unos créditos a conceder a las empresas propiedad de europeos [nombre con el que designaban los españoles que vivían en el Sáhara pero que eran originarios de la península, mientras que los saharauis, aunque tuvieran DNI español, eran llamados nativos], Que han tenido que abandonar el territorio, porque en parte puedan reanudar sus negocios en otra provincia española. «
Si el Sáhara Occidental debía ser independiente, no era necesario que las empresas abandonaran el territorio. Por lo tanto, cuando se hizo el informe, durante octubre y los primeros días de noviembre de 1975, ya había muchos rumores en el territorio sobre la cesión a Marruecos. La comisión de estudios especiales propuso dar créditos a un interés del 6% a un plazo de diez años, con un primer año exento del pago de la cuota pero no de los intereses. «Era una manera de indemnizarlos sin tener que pagarlos de golpe», explica Víctor Farré, que recuerda que también propusieron que los créditos se concedieran sin ningún tipo de aval, «porque la mayoría eran gente con el única solvencia de un pequeño negocio o su trabajo «.
Dinero para retomar el negocio. El presupuesto global de créditos a conceder a las empresas propiedad de europeos residentes en el Sáhara ascendía a 803.670.000 pesetas para un total de 325 negocios. La empresa distribuidora de combustible CEPSA cobraría 11 millones de pesetas, mientras que en la parte baja están los bares, con indemnizaciones entre 350.000 pesetas y 500.000. La sala de fiestas Ebano Club debería recibir 3.300.000 pesetas; Insamarta, fábrica de harinas y pescado, percibiría 18.000.000 de pesetas, mientras que el cine de al-Aaiún debería ser resarcido con 7.500.000 pesetas. En total, Farré y Oliva ponen precio al cierre para evacuación de más de 300 empresas, entre las que también había un pescador catalán dedicado a la compra-venta de langostas, que tendría derecho a 4.000.000 de pesetas.
Pero los empresarios llegaron a cobrar estas compensaciones, en forma de cheque o de crédito blando? Rafael de Valdés fue el representante español en la comisión tripartita que negoció la cesión a Marruecos en los acuerdos de Madrid. Y, aunque oficialmente no tenía el cargo de gobernador general del Sahara para que la colonia ya no era española, quedó en el territorio hasta el 28 de febrero de 1976. Luego presidió la comisión liquidadora en Las Palmas, que, de hecho, era la antigua delegación de Hacienda en el Sáhara.
Esta comisión ya había desembolsado 163 millones de pesetas en concepto de indemnización por desarraigo a 3.500 evacuados cuando comenzó a estudiar el pago de compensaciones a comerciantes y empresarios. El organismo era integrado por varios delegados ministeriales. Tenía que hacer estudios sobre los negocios que reunieran las condiciones para percibir indemnizaciones. Estas condiciones eran: que el inmueble en que se encontrara el negocio o industria no se pudiera desmontar, que las materias primas no pudieran ser evacuadas o que se hubieran perdido durante el trayecto, o cualquier otro perjuicio que se pudiera justificar directamente por la descolonización.
El hijo del presidente de esta Comisión, también Rafael de Valdés, confirma que los pagos a los propietarios se hicieron: «Mi padre presidía esta comisión en Las Palmas, que efectivamente pagó indemnizaciones a los comerciantes que vivían en el Sahara, muchos de los cuales rehicieron su vida en Canarias. Si Marruecos pagó una compensación económica en España por la cesión no lo puedo asegurar, pero no me parecería tan extraño «, asegura.
Fosfatos y pesca, clave de bóveda. Aparentemente, el Sáhara Occidental es desierto. Pero tras este territorio siempre se ha escondido una tupida red de intereses históricos, económicos y geostratègics entre España y Marruecos, que explican por qué finalmente la colonia española no obtuvo la independencia. Marruecos quería el control absoluto de los abundantes recursos naturales del desierto, especialmente la fosforita, una roca que contiene pentóxido de fósforo, componente esencial del ácido fosfórico. Este producto es de gran interés para la agricultura, porque es un componente de los fertilizantes. La mina de Bucraa, una de las más grandes del mundo, fue descubierta en territorio saharaui en 1963. Al precio actual, los fosfatos procedentes de esta mina enriquecen las arcas del reino de Marruecos en unos 1.250 millones de euros anuales.
Posiblemente, el hallazgo de esta mina hirió gravemente las aspiraciones de independencia del Sáhara Occidental, aunque tres años antes el gobierno español ya había comenzado el proceso de descolonización.
Por otra parte, la industria pesquera también explica la conjunción de intereses que 35 años después mantienen bloqueada la situación nacional del Sáhara. La costa sahariana es un punto estratégico para Marruecos. De hecho, entre el 70% y el 90% de las capturas marroquíes embarcan en territorio sahariano.
Los incidentes recientes en el Aaiún han vuelto a llevar la actualidad el conflicto. El motivo de estos incidentes es que Rabat desmantelar a la fuerza el campamento de saharauis instalado en las afueras de la ciudad que reclamaban la mejora de sus condiciones económicas. El Frente Polisario y Marruecos han comenzado conversaciones, y el día 13 de diciembre, la UE abordará con Marruecos la situación en el Sáhara Occidental. Mientras tanto, el gobierno español mantiene posiciones ambiguas respecto al territorio que hasta hace poco más de tres décadas era una provincia más.
Gemma Aguilera
Este post es copia del reportaje original publicado en http://www.eltemps.net/web/index.php?option=com_k2&view=item&id=3334:dos-soldats-amb-una-missio-posar-preu-el-sahara&Itemid=220 y traducido automaticamente por Google del Catalan.
Este es el segundo de los tres articulos digitales publicados por la revista EL TEMPS en su numero del 07 de diciembre de 2010 – Número 1382, dentro del reportaje, en exclusiva, relativo al coste que se estimo en los dias finales del Sahara como la ultima provincia española
La Asociación Granadina de Amistad con la R.A.S.D. desde 1997 a través de proyectos cofinanciados por la Diputación de Granada y diversos ayuntamientos, envía anualmente este tipo de ayuda
El proyecto SUSTENTA se encuentra en fase de creación de la infraestructura logística y de conocimientos, para el establecimiento de un sistema sostenible de bombeo de agua para irrigación del Nuevo Huerto del campo de refugiados de Dajla, mediante un diseño de molino eólico simplificado y especialmente adaptado a las características de la zona.
FMC Corporation y PCS, debido a que compran fosfatos en el Sáhara Occidental bajo ocupación marroquí, lo cual es «ilegal», al no contar con el permiso explicito de los saharuis ni sbeneficiarse de ello.
“La extracción de recursos naturales de zonas ocupadas y, especialmente del Sahara Occidental, fue declarada ilegal por el Sub Secretario General para Asuntos Legales de la ONU en 2002”, declaró Jeanett Bergan, directora de inversiones responsables de KLP Kapitalforvaltning, al servicio independiente de noticias noruego Norwatch.
El asunto se había incluido, para su discusión, en la agenda de la reunión del Comité de Pesca del PE del jueves 28 de enero. Sin embargo, su presidenta Carmen Fraga Estévez – hija del ex ministro del franquismo y fundador del Partido Popular Manuel Fraga Iribarne – decidió “posponer la discusión hasta la próxima reunión”, alegando problemas de tiempo. Una decisión que no sentó bien a algunos de los Europarlamentarios presentes en la reunión, que pedían un debate abierto antes de la reunión anual de la Comisión mixta UE – Marruecos, que se celebrará en Rabat la semana próxima.
