Traducido por  Lih Beiruk. Revisado por Luis Portillo

Conferencia pronunciada en la sesión 7, «La función de los recursos naturales en el conflicto del Sáhara Occidental» del Congreso sobre multilateralismo y derecho internacional con el Sáhara Occidental como caso práctico organizado por el Departamento de Asuntos Extranjeros Sudafricano de la Universidad de Pretoria los días 4 y 5 de diciembre de 2008 (Pretoria, República de Sudáfrica).

Algunos consideran que los ricos yacimientos de fosfatos del Sáhara Occidental son una de las razones por las que Marruecos empezó a reivindicar el Sáhara Occidental. «Con un Kuwait en el mundo árabe ya basta», según expresión atribuida al rey Hassan II para justificar su invasión, a finales de 1975, de los territorios del Sáhara ricos en minerales.

Aunque pueda haber habido otras varias razones para la ocupación además de los recursos naturales, éstos juegan hoy un papel esencial en el reforzamiento de la presencia marroquí en el territorio. La actividad industrial ofrece oportunidades de trabajo para decenas, quizás cientos o incluso miles, de colonos marroquíes y proporciona importantes ingresos al gobierno marroquí. Además, la presencia comercial internacional en el Sáhara Occidental transmite una apariencia de aceptación política de la ocupación.

La parte del Sáhara Occidental bajo control marroquí posee dos importantes recursos naturales que son cruciales para empresas de todo el mundo: la pesca y los fosfatos. Además de ello, hay un sector agrícola en crecimiento, arena y posiblemente petróleo.

Tras referirme a las industrias y a la presencia internacional, y al tiempo que señalo sus efectos socioeconómicos, expondré las razones que invocan las empresas para justificar su presencia y las implicaciones políticas de sus actividades.

Los recursos del Sáhara Occidental

Fosfatos

España hizo los primeros descubrimientos de fosfatos al sureste de El Aaiún a finales de la década de 1940. Hasta los años 70, España invirtió considerablemente en desarrollar infraestructura para la producción de los fosfatos y todavía hoy pueden verse los resultados de aquellas inversiones: la cinta transportadora más larga del mundo, de 100 km de longitud, que transporta los fosfatos desde los yacimientos de Bucraa hasta el puerto, donde la roca de fosfato se lava, seca, acumula y, posteriormente, embarca en buques que esperan para que los carguen hasta los topes.

Esto es una industria verdaderamente floreciente en la actualidad. Cualquiera que haya visitado el puerto de El Aaiún en octubre o noviembre de 2008 habrá podido ver hasta cinco buques cargueros alineados uno tras otro en espera de ser cargados.

En cambio, no es tan fácil ver cómo el saqueo marroquí de la industria de los fosfatos pueda haber beneficiado a los saharauis. Un informe de la organización francesa France Libertés-Fundación Danielle Mitterrand ponía de manifiesto que los saharauis han sido sistemáticamente marginados de la industria de Bucraa. En 1968, pocos años antes de que Marruecos se apoderara de los yacimientos de fosfatos, la mayoría de los 1600 trabajadores de esa industria eran saharauis; hoy, sólo unos 200 de los 2000 trabajadores son de origen saharaui, según los propios trabajadores saharauis; el resto son marroquíes que fueron trasladados al territorio.

Cada semana, los trabajadores de fosfatos saharauis retirados se manifiestan en las calles de El Aaiún exigiendo sus pagas y sus derechos.

Con una producción anual aproximada de 30 millones de toneladas de roca de fosfato, Marruecos es el mayor exportador de fosfatos del mundo. De ese volumen, la mitad se exporta y, en los últimos años, 3 millones de toneladas proceden del Sáhara Occidental. La producción de las minas del Sáhara Occidental ha venido aumentando paulatinamente desde 1,5-2 millones de toneladas durante los años 90. Con el paso del tiempo, la producción se ha visto normalmente restringida por falta de infraestructuras, como la insuficiencia de electricidad y agua dulce para la compañía marroquí de fosfatos, OCP.

Con el alza registrada por los precios y la producción este año, la producción en 2008 podría llegar a la cifra récord de casi 4 millones de toneladas.

Durante los últimos años hemos podido saber qué empresas en el mundo se dedican a importar los fosfatos del Sáhara Occidental. Aproximadamente 16 empresas de doce países están hoy involucradas en la importación de esos fosfatos, la mayor parte importando bajo contratos a largo plazo, en algunos casos hasta de diez años de duración. Los fosfatos se utilizan principalmente para la producción de fertilizantes para la agricultura.

Los mayores importadores se encuentran en Estados Unidos, Nueva Zelanda, Australia, México y Lituania. Los importadores medios están en Colombia, Venezuela, España y Croacia, mientras que Bulgaria, la India y algunos otros países realizan importaciones más irregularmente.

Con el aumento de la producción -y, sobre todo, debido al aumento del precio de los fosfatos- es fácil establecer que los ingresos de la OCP en el Sáhara Occidental se han incrementado enormemente. Durante varios años, el precio mundial del fosfato fue más o menos estable, rondando los 50 dólares/tonelada. Después, desde 2007 hasta hoy, los precios del fosfato han crecido más de un 800 %. En las últimas semanas de octubre-noviembre de 2008 se registró un ligero descenso de los precios y una tonelada cuesta hoy cerca de 414 dólares.

De manera que un solo barco de fosfatos -por ejemplo, el cargamento de 70 000 toneladas que transportó hasta Louisiana (EE. UU.) un barco suizo hace sólo dos semanas- puede llegar a alcanzar el mismo valor que el total de la ayuda humanitaria multilateral que reciben los campamentos de refugiados saharauis en todo un año, es decir, cerca de 30 millones de dólares estadounidenses.

Alrededor de cien barcos salen del puerto de El Aaiún cada año; posiblemente en estos fletes participen unas 150-300 empresass de transporte, procedentes mayoritariamente de toda Europa, Norteamérica y algunos países asiáticos navieros.

Estados Unidos es el mayor importador: durante más de una década ha recibido el 99 % de sus importaciones procedentes de Marruecos y el Sahara Occidental. Los importadores estadounidenses pueden haber importado un total aproximado de 10 millones de toneladas de fosfatos saharauis durante los últimos veinte años. Al precio actual del fosfato, si esos 10 millones de toneladas de fosfatos hubiesen estado retenidas en espera de una solución del conflicto, su valor sería hoy de unos 4 mil millones de dólares -o, lo que es lo mismo, 138 veces lo que la comunidad internacional da a los campamentos de refugiados saharauis en Argelia a través de la ayuda multilateral cada año.

Los ingresos anuales para Marruecos de los fosfatos de Bucraa en 2008 ascenderían a cerca de 1700 millones de dólares, el equivalente a dar 10 000 dólares a cada uno de los refugiados saharauis anualmente. La ayuda multilateral a los campamentos de refugiados en 2007 equivale al 1,7 % de los ingresos estimados de Bucraa en 2008, considerando un precio de 414 dólares/tonelada y una exportación de 4 millones de toneladas.

Es difícil dar una buena explicación del crecimiento de los precios de los fosfatos. Una de las razones es el incremento del volumen de producción de biocombustibles, lo cual ha disparado la demanda de fertilizantes. Esto es bastante irónico, pues los biocarburantes son considerados normalmente un sustituto renovable de los hidrocarburos, algo que evidentemente no son: su expansión depende en gran medida de otro recurso no renovable, el fósforo.

La disminución global de los yacimientos de fosfato hace que otros estados líderes en su producción, como Estados Unidos y China, sean remisos a exportar sus propios fosfatos.

Se ha estimado que los yacimientos de Bucraa se agotarán entre 2040-2050. Ese periodo se corresponde con el que los investigadores calculan será el máximo mundial en la producción de fósforo. Teniendo en cuenta el aumento de la producción de alimentos y de biocombustibles, el cambio de dieta de una buena parte de la población mundial y una lucha intensa por las reservas mundiales de fosfatos, es muy posible que continúe el alza de sus precios en las próximas décadas y, con ello, unos ingresos sin precedentes para las actividades de la OCP en el Sáhara Occidental.

«Con Estados Unidos y China aferrados a sus propias minas de fosfatos y con el continuo alza de los precios de este producto, las minas de Marruecos y del Sáhara Occidental ocupado irán cobrando cada vez más importancia para los importadores mundiales de fosfatos y para la agricultura mundial. Las reservas de fosfatos del Sáhara Occidental se convertirán en una verdadera mina de oro para Marruecos en el futuro», afirma uno de los pocos investigadores sobre la industria global de los fosfatos, Dana Cordell, de la Global Phosphorus Research Initiative [Iniciativa Global para la Investigación sobre el Fósforo].

La actividad pesquera

Sólo una pequeña minoría de saharauis, mayoritariamente pertenecientes a la región sur de Dajla, se ha dedicado tradicionalmente a la actividad pesquera. Con raras excepciones, la industria pesquera está hoy bajo el control de Marruecos, no de los saharauis.

La industria pesquera tiene una incidencia crucial en la demografía de la región y, en consecuencia, probablemente también en las posibilidades de encontrar solución al conflicto. Mediante incentivos tales como impuestos reducidos, subsidios, provisión de vivienda y proyectos sociales, las autoridades marroquíes han conseguido atraer decenas de miles de desempleados de ciudades como Agadir y Casablanca para asentarse en el Sáhara Occidental, que encuentran trabajo, en su mayoría, en la próspera industria pesquera de la zona.

Con la disminución de los bancos de pesca en las aguas propiamente marroquíes, particularmente en la costa mediterránea, como consecuencia de una explotación abusiva, la pesca en el Sáhara Occidental se ha vuelto cada vez más importante para Marruecos. Las principales especies [de la zona] son diversos tipos de cefalópodos y sardinas. Algunas estimaciones indican que entre un 70 % y un 90 % de las capturas marroquíes embarcan en los puertos del Sáhara Occidental, lo cual se ha visto facilitado por las grandes inversiones realizadas en los puertos de Dajla, El Aaiún y Bojador.

Puede estimarse en cerca de un centenar el número de empresas extranjeras identificadas que participan actualmente en este sector, tanto empresas pesqueras, como manufactureras o exportadoras e importadoras/distribuidoras. Toda esta actividad ha surgido en torno a una floreciente industria procesadora, conservera y refrigeradora cuyas instalaciones han proliferado a lo largo de la costa. La pasada década presenció también el desarrollo de la industria de harina y aceite de pescado para la exportación, utilizados en la producción de alimentos para animales y artículos sanitarios en Europa. La pesca y sus subproductos se exportan principalmente a Oriente Medio, Europa y Asia Oriental.

La pesca propiamente dicha en la plataforma continental del Sáhara Occidental tiene lugar a tres niveles:

a)  La Unión Europea (UE) u otros países (como Rusia o Japón) que tienen acuerdos con Marruecos, acuerdos bilaterales o multilaterales que no mencionan nunca el Sáhara Occidental como tal pero que, de hecho, se aplican a las aguas adyacentes al territorio saharaui.

b)  Pesca privada comercial bajo pabellón marroquí.

c)  Pequeños pescadores que viven en asentamientos a lo largo de las costas del Sáhara Occidental.

Abordaré rápidamente estos tres niveles.

El acuerdo de pesca más conocido es el firmado por la Unión Europea con Marruecos. Aunque el acuerdo con Rusia es igualmente importante en el sector pesquero, me ceñiré aquí únicamente al acuerdo con la UE.

Siempre ha habido una larga tradición de pescadores extranjeros en las aguas del Sáhara Occidental. Los pescadores canarios y de la Península llevan siglos pescando en aguas de la costa saharaui. Así como España logró mantener ciertos derechos en la industria de los fosfatos cuando abandonó el Sáhara Occidental, lo mismo hizo con la pesca. Cuando España firmó los Acuerdos de Madrid con Marruecos y Mauritania, se le garantizó que se mantendrían los derechos a las licencias de pesca en las aguas del territorio, unos derechos que se han mantenido más o menos desde entonces, interrumpidos únicamente durante cortos periodos, algo sumamente dañino para los saharauis. Cuando España se convirtió en miembro de la Unión Europea llevó consigo esa tradición al terreno de la cooperación comunitaria. Hasta hoy, España ha controlado el proceso de las negociaciones con Marruecos, así como la mayor parte de las licencias otorgadas. 100 de las 114 licencias concedidas en virtud del actual Acuerdo pesquero EU-Marruecos –que representa un monto de 144,4 millones de euros- corresponden a España.

El Acuerdo de pesca UE-Marruecos establece que es aplicable a «las aguas que se encuentran bajo la soberanía o jurisdicción del Reino de Marruecos», se ha firmado para cuatro años y entró en vigor el primero de marzo de 2006.

Cuando se preguntó a la Comisión Europea si las aguas del Sáhara Occidental están específicamente excluidas de dicho Acuerdo, la Comisión de la UE respondió que eso no era necesario. «La propuesta de la Comisión es conforme al dictamen jurídico de las Naciones Unidas emitido en enero de 2002», señaló, en una clara tergiversación del mencionado dictamen y de la voluntad del pueblo saharaui.

De hecho, el negociador-jefe de los Acuerdos, [el español] César Deben, manifestó que la Comisión Europea considera que las aguas del Sáhara Occidental pertenecen a Marruecos, de conformidad con los Acuerdos Tripartitos de Madrid de 1975, acuerdos éstos que el propio dictamen de Naciones Unidas considera carentes de validez. Más contradictorio aún es el hecho de que la mayor parte de la actividad pesquera en cuestión se realiza en las aguas de la parte sur del Sáhara Occidental, esto es, en la zona que los Acuerdos de Madrid cedían a Mauritania, no a Marruecos.

Después de haber hecho siete preguntas escritas a la Comisión Europea, por fin se logró que los Miembros de Parlamento Europeo obtuvieran una declaración oficial de la Comisión en abril de 2008 afirmando que, efectivamente, en virtud de los actuales acuerdos, la pesca se ha estado realizando en aguas del Sáhara Occidental.

La segunda categoría de pesca se basa en licencias comerciales para empresas privadas bajo pabellón marroquí, normalmente para propietarios de barcos de redes de arrastre. Generalmente, para que una empresa privada pueda faenar más allá del marco establecido por los acuerdos firmados con la Unión Europea debe enarbolar pabellón marroquí. La mayor parte de las firmas extranjeras lo logran a través de la creación de empresas mixtas con otras marroquíes, y las empresas de países como Noruega, Dinamarca, Nueva Zelanda y probablemente también Namibia o Sudáfrica parecen haber recurrido a esta estrategia para tener acceso a las aguas saharauis.

La última categoría de pesca es la constituida por los pescadores artesanales, que viven en las ciudades de El Aaiún, Bojador o Dajla, o también separados en pequeñas comunidades de pescadores a lo largo de la costa.

A menudo, los pescadores artesanales terminan compitiendo por los derechos de pesca con las otras dos categorías de pescadores. Es interesante señalar que incluso la comunidad de pequeños pescadores marroquíes no está satisfecha con la concesión de licencias por el Gobierno marroquí a gobiernos extranjeros o a firmas privadas y, de hecho, se han producido incidentes durante las manifestaciones realizadas por pescadores marroquíes de esas comunidades contra su propio Gobierno, solicitando mayores cuotas.

Asimismo, son frecuentes las noticias sobre el deficiente control de Marruecos sobre la actividad pesquera, tanto por parte de la flota nacional como por las flotas comerciales extranjeras, y ocasionalmente se informa de empresas extranjeras que exceden sus correspondientes cuotas o que utilizan redes de pesca no autorizadas.

Posibilidades de petróleo

Al contrario que su vecino del Este, Marruecos no produce hidrocarburos. Completamente dependiente de las importaciones y con unos precios del petróleo al alza, el Gobierno marroquí está ansioso por conseguir sus propios hallazgos tanto en tierra firme como en la plataforma marina.

Desde 2001, continuó sus anteriores esfuerzos de los años ochenta e incluso extendió la búsqueda de petróleo al propio Sáhara Occidental mediante la concesión de licencias de exploración petrolífera a la firma francesa TotalFinaElf (posteriormente, Total) y a la empresa americana Kerr-Mcgee, lo cual suscitó la inmediata protesta del Frente Polisario y resultó en el ya mencionado dictamen jurídico de la Secretaría de las Naciones Unidas en 2002.

A pesar de que el dictamen de las Naciones Unidas señalaba que «si se llevaran a cabo futuras actividades de exploración y explotación haciendo caso omiso de los intereses y deseos del pueblo del Sahara Occidental, tales actividades constituirían una violación de los principios del derecho internacional», eso es exactamente lo que está ocurriendo hoy en el sector del petróleo.

Total y Kerr-McGee se retiraron del territorio pocos años después de que las Naciones Unidas emitieran su dictamen, alegando que había pocas probabilidades de encontrar petróleo en los bloques asignados, pero una nueva empresa ha tomado el relevo tras el abandono de Kerr-McGee.

Inmediatamente después de que Kerr-McGee abandonara el lugar en 2006, su socia de Texas, Kosmos Energy, firmó un contrato para proseguir las actividades conjuntamente con la compañía petrolera estatal marroquí, ONHYM. Hay indicios de que podría haber petróleo en la plataforma continental de Bojador, en el Sáhara Occidental. Actualmente se está extrayendo producción en la plataforma marítima del Norte de Mauritania, en lo que se supone es la misma capa geológica y, de acuerdo con los propios informes de Kosmos Energy, esta empresa tiene previsto perforar en el bloque de Bojador en 2009.

El otro proyecto actual en el Sáhara Occidental es una empresa mixta [joint venture] encabezada por la pequeña firma irlandesa Island Oil and Gas. que tiene un contrato para la exploración de un bloque en tierra firme en el Sáhara Occidental, en las cercanías de la ciudad de Smara y que, de hecho, abarca ambos territorios, tanto el que está bajo control de Marruecos como el que controla el Frente Polisario, aunque no está claro si se han realizado ya exploraciones en el terreno. La zona está altamente militarizada y registra frecuentes manifestaciones por parte de las organizaciones saharauis.

No hay indicio alguno de que esas empresas petroleras hayan consultado a los saharauis antes de firmar sus contratos con el Gobierno marroquí.

Desarrollo de otras industrias

Además de la pesca y los fosfatos, y posiblemente petróleo, con el transcurso de los años ha ido surgiendo otra serie de negocios clave.

El Sáhara Occidental ha sido durante décadas un importante exportador de arena. La mayoría de quienes compran esa arena están ya identificados, ubicándose en general en las islas Canarias y Madeira. Los importadores utilizan la arena para la industria de la construcción y para el mantenimiento de playas para el turismo.

Además de ello, desde los tiempos de España, varios metales y minerales, como el circonio y el hierro, han venido siendo objeto de exploración en el territorio.

Recientemente una firma francesa ha llegado a un acuerdo para recuperar uranio de las minas de fosfatos en el Sáhara Occidental.

En la parte sur del Sáhara Occidental, en la zona de Dajla, viene desarrollçandose desde 2004 la producción de frutas y hortalizas, utilizando para ello los yacimientos subterráneos de agua dulce. Varios miles de nuevos colonos marroquíes están empleados en esta actividad -una fuente marroquí menciona 5000 personas. La exportación de estos productos se destina principalmente a los cercanos mercados europeos.

En relación con todos estos negocios, un cierto número de empresas extranjeras trabaja en proyectos de infraestructuras en el Sáhara Occidental como proyectos energéticos, trabajos en los puertos, programas de desalinización, perforaciones en búsqueda de agua y, últimamente, también en turismo.

El punto de vista de las empresas

A veces nos encontramos con empresas que tenían las mejores intenciones cuando decidieron invertir y establecerse en el Sáhara Occidental. Algunas incluso han recibido apoyos mediante fondos de ayuda al desarrollo, especialmente en algunos proyectos relacionados con la construcción de infraestructuras u otros proyectos con objetivos sociales.

Aunque muchas de ellas están en estrecho contacto con sus respectivos gobiernos o con instituciones multinacionales, lamentablemente no siempre reciben críticas ni asesoramiento político al emprender tales aventuras en los territorios ocupados del Sáhara Occidental.

Consideremos, por ejemplo, el caso de las empresas pesqueras. Normalmente, suelen pedir cierto tipo de asesoramiento (por ejemplo, con respecto a los apoyos financieros, la normativa, el registro) a sus propias autoridades cuando toman la decisión de salir al extranjero. Por lo general, se pondrán para ello en contacto con sus respectivos ministerios de Pesca, y no con sus ministerios de Asuntos Exteriores, que es donde normalmente se conoce del problema del Sahara Occidental.

Por lo que respecta a los Estados de la UE implicados en el Acuerdo de pesca con Marruecos, correspondería a los respectivos ministerios de Pesca asesorar, a su vez, a las empresas sobre licencias, capturas e información que debe remitirse. Incluso puede que, en ocasiones, sea el propio Ministerio quien anime a las empresas a que busquen oportunidades en el Sáhara Occidental.

Las empresas pueden estar completamente ocupadas con otros asuntos y no tener conocimiento del conflicto [del Sáhara]; puede que entren en contacto con socios comerciales marroquíes en ferias de Europa o Marruecos y obtengan préstamos de bancos que ignoran el problema; puede que sus consejos de administración o sus accionistas no hayan oído hablar nunca del conflicto.

Y la información que obtienen sobre los bancos de pesca puede que proceda de instancias como el Programa de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), que explora las aguas [saharauis] ocupadas en cooperación con las instituciones de investigación marroquíes y llevando a bordo a marroquíes en sus barcos de investigación.

Y una vez que empiezan a operar en el Sáhara Occidental, entregan sus capturas a factorías que incluso están acreditadas por la Unión Europea. Cuando éstas etiquetan sus productos para exportarlos a la UE, insertan el nombre del producto certificado en los certificados de origen que han de acompañar al producto en sus viajes al extranjero y el importador en Europa está obligado a declarar el país de procedencia del producto, esto es, «Marruecos». En el Sáhara Occidental hay docenas o incluso cientos de empresas con certificación UE, un tratamiento bien diferente del que la Unión Europea da a los productores ubicados en las tierras ocupadas por Israel.

Los recursos naturales como arma política

Teniendo en cuenta que las empresas pueden aducir no haber tratado nunca sobre el problema del Sáhara Occidental con los gobiernos nacionales, instituciones financieras, propietarios, organizaciones industriales, etcétera, no debe extrañar después que algunas firmas se sorprendan ellas mismas cuando súbitamente descubren que son el centro de la atención pública de campañas de los saharauis o del movimiento solidario con la causa saharaui. De hecho, cuando se interpela por primera vez a algunas empresas, , simulan que nunca antes habían oído hablar del conflicto; su única fuente de información al respecto eran los marroquíes que hacen negocios en el Sáhara Occidental, las propias autoridades marroquíes o la prensa de ese país.

«Hemos estado aquí durante años y esta es la primera vez que oímos hablar del conflicto», afirmaba una empresa en 2002. «Me habían explicado que los saharauis simplemente no querían participar en nuestro proyecto», afirmó un directivo de otra empresa en 2005.

Las propias empresas subrayan con frecuencia que ellas no se meten en política, que sólo se dedican a los negocios. Sin embargo, eso no parece impedir a esas mismas empresas hacer fervorosas declaraciones políticas en apoyo de la posición de Marruecos y convertirse de esta manera en instrumentos de la estrategia marroquí para colonizar el Sáhara Occidental.

«No existe conflicto alguno. Y, a propósito, las Naciones Unidas dieron el Sáhara Occidental a Marruecos hace ya mucho tiempo», dijo el director para asuntos éticos de TotalFinaElf en 2001 tras haber obtenido una licencia para realizar exploraciones en las aguas del territorio.

«La superficie está en litigio (sic) con el Sáhara Occidental, pero Kosmos cree haber escogido bien cuál de las partes ganará», señalaba la empresa petrolera estadounidense Kosmos Energy en un informe reciente.

Los más duros defensores de la legalidad de la industria y de la posición de Marruecos son naturalmente aquellos que más dependen de los recursos naturales del Sáhara Occidental o los que más dinero han invertido en el territorio. Los importadores de fosfatos se encuentran entre los más activos al respecto.

Desde hace mucho, una serie de importadores de fosfatos ha alegado que sus importaciones están de acuerdo con el derecho internacional y que, además, son positivas para el desarrollo de la región, lo que contrasta con lo que dicen los propios saharauis. Sólo recientemente se ha sabido que las empresas que defienden su presencia en el territorio basan su actitud en un análisis jurídico realizado por el bufete de abogados Covington & Burling, de Washington (Estados Unidos), análisis que se supone demuestra que la industria de fosfatos en el territorio del Sahara Occidental no sólo es un bien para el desarrollo, sino que también está en concordancia con el derecho internacional. El problema es que ni los importadores ni el bufete estadounidense desean revelar el análisis sobre el que basan sus alegaciones, de manera que sigue siendo una incógnita, para la opinión pública en general y para los propios saharauis, cómo puede ser que la industria haya podido llegar a la conclusión de que el pueblo saharaui se está beneficiando de esa industria.

Los gobiernos empiezan a tomar posiciones

En otras palabras, además de ofrecer oportunidades de empleo y suponer ingresos para las arcas marroquíes, el saqueo de los recursos tiene una importante dimensión política.

Las empresas, a su vez, son apoyadas a veces por sus gobiernos, apoyo político que se manifiesta ya sea directamente mediante declaraciones políticas en favor de las empresas implicadas en el negocio o en una clara falta de voluntad de frenarlas.

Muchos de los gobiernos que se han visto confrontados con empresas implicadas en este negocio sostienen que, puesto que no hay sanciones por parte del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, 1) la industria en cuestión tiene que ser legal y 2) no hay nada que puedan hacer para impedir que sus empresas se involucren en tales negocios.

También se utilizan otros argumentos y el caso de Nueva Zelanda puede servirnos de ejemplo. El antiguo ministro de Comercio de ese país, Phil Goff, dijo lo siguiente:

«Me han informado de que no existen razones legales para prohibir el comercio con Marruecos. De hecho, hacerlo implicaría una impugnación judicial de Marruecos en virtud del derecho mercantil internacional». Más tarde, Nueva Zelanda precisó que tal prohibición podría violar las normas del GATT, una interpretación que evidencia la incapacidad de diferenciar el territorio del Sáhara Occidental del territorio del vecino Marruecos: El Sáhara Occidental no es miembro del GATT, mientras que Marruecos sí lo es.

[El ex ministro neozelandés de Comercio] también manifestó que no sabía si los saharauis se beneficiaban o no de los negocios en cuestión.

Dos años más tarde, en 2008, el Gobierno admitió que dichos beneficios no ayudan a la aplicación del derecho a la autodeterminación y también que el respeto a la autodeterminación sobre los recursos naturales es un asunto que concierne a Marruecos y no a las empresas implicadas en los negocios.

«Marruecos nos explicó que la comunidad local [los saharauis] se beneficia del dinero, el empleo, las infraestructuras y los servicios. Sin embargo, es evidente que dichos beneficios no se aplican para apoyar el ejercicio del derecho a la autodeterminación, incluida la independencia: Marruecos continúa reclamando la soberanía sobre el Sáhara Occidental. Sean cuales fueren los aciertos y errores de planteamiento de Marruecos, la responsabilidad es de Marruecos. Las empresas de Nueva Zelanda no violan ninguna ley importando fosfatos extraídos del Sáhara Occidental o comercializando pescado capturado en sus costas».

De esta manera, el Gobierno de Nueva Zelanda rechaza categóricamente que ellos, sus compañías o el propio Gobierno tenga responsabilidad alguna en asuntos relacionados con el derecho internacional en el caso del Sáhara Occidental.

Otro grave ejemplo es cómo la Comisión Europea pretende, por una parte, apoyar el derecho de los saharauis a la autodeterminación mientras que, por otra, firma acuerdos con Marruecos para el saqueo de los recursos naturales del Sáhara Occidental, diciendo que ello carece de relevancia política.

«La Comisión quiere evitar que el Acuerdo de Pesca, que es un acto de cooperación económica, sea manipulado para fines políticos. El Gobierno de Marruecos fue muy explícito a este respecto», manifestó a Europa Press el jefe de los negociadores del Acuerdo de Pesca el 28 de julio de 2006.

Curiosamente, incluso el Gobierno marroquí parece estar en desacuerdo con la UE. Los acuerdos comerciales que incluyen al Sahara Occidental tienen, efectivamente, importantes dimensiones políticas:

«En una reciente entrevista con ALM [Aujourd’hui le Maroc], Mohamed Laenser, Ministro de Agricultura, Desarrollo Rural y Pesca, señala que el aspecto financiero de los acuerdos no eran necesariamente lo más importante (en referencia al Acuerdo de Pesca EU-Marruecos). El aspecto político no es menos importante, añadió el señor Laenser».

Algunos gobiernos, sin embargo, reconocen que a pesar de la ausencia de resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU sobre la materia, podría ser una violación del derecho internacional y, en consecuencia, esas industrias deben poner término a sus actividades.

«La posición del gobierno sueco cuando se trata de aplicar el derecho internacional en este asunto es claro. La zona llamada hoy Sáhara Occidental […] está ocupada por Marruecos. […]Marruecos no tiene derecho a explotar los recursos del Sáhara Occidental en su propio beneficio».

Hasta hoy, un puñado de países ha manifestado de forma inequívoca a sus propias empresas que deben mantenerse al margen de los territorios saharauis. Noruega y Suecia han ido aún más lejos: el Gobierno noruego ha publicado en sus páginas Web un comunicado dirigido a las empresas noruegas para que éstas se abstengan de hacer negocios en el Sáhara Occidental, señalando que el comercio con esa zona podría constituir una violación de la Convención sobre el Derecho del Mar, mientras que Irlanda y Dinamarca también han hecho interesantes declaraciones en este sentido.

Además de retirar su participación en la empresa petrolera norteamericana Kerr-McGee, el Gobierno de Noruega afirmó que las exploraciones de Kerr-McGee en el Sáhara Occidental eran «una violación especialmente grave de las normas éticas fundamentales, ya que aquéllas podrían, por ejemplo, reforzar las reivindicaciones marroquíes de soberanía sobre el territorio y contribuir así a socavar el proceso de paz de las Naciones Unidas».

Países como Estados Unidos o Suiza ya habían especificado que su cooperación comercial con Marruecos concierne únicamente al Marruecos reconocido internacionalmente, sin incluir el Sáhara Occidental. En esas declaraciones, los saharauis siguen obteniendo un importante apoyo político.

Varias empresas privadas han tomado nota de estos hechos. Una docena de empresas pesqueras, de fosfatos, petroleras y de transporte marítimo ha abandonado el Sáhara Occidental como consecuencia de las presiones ejercidas por los saharauis, la sociedad civil y los gobiernos nacionales.

Hay, pues, una clara tendencia a que los gobiernos y las empresas privadas observen las prácticas de otros gobiernos y empresas, en el establecimiento de políticas y prácticas en la materia relativa a la participación en el saqueo de los recursos naturales del Sáhara Occidental.

Por lo tanto, las declaraciones sobre los recursos naturales que hagan los gobiernos que defienden el derecho de los saharauis a la autodeterminación y su soberanía sobre sus recursos naturales, tienen un importante efecto dominó para otros países, además de un importante efecto preventivo con respecto a las compañías que tienen intención de establecerse en el territorio antes de que el conflicto se solucione.

En este contexto cabe señalar que algunos gobiernos con sólidas posiciones en defensa del derecho de los saharauis a la autodeterminación y la independencia, todavía no han hecho declaraciones públicas o proporcionado asesoramiento a sus propias empresas en cuestiones tales como la explotación de los recursos naturales del Sahara Occidental.